Perito y Tasador

Protestas ante el control de Justicia en las pruebas periciales

abril 27
10:41 2018

Nos hacemos eco de la noticia publicada en ELMUNDO el pasado día 24 de abril, según la cual, la aplicación BOPERIT ha enfrentado a los jueces con la Generalitat Valenciana al considerar que la Administración autonómica está invadiendo sus competencias

El Decanato de la Ciudad de la Justicia de Valencia ya ha protestado ante lo que considera una invasión de sus competencias por parte de la Generalitat y ha puesto a disposición de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ-CV) el expediente gubernativo abierto con el fin de que valore si se dirige a la Conselleria para que devuelva a los jueces la facultad para designar a peritos.

Según confirmaron a EL MUNDO fuentes conocedoras de la solicitud, el Decanato también ha acordado solicitar a la Generalitat que ponga a disposición de los juzgados «medios personales y materiales» para que los procedimientos no se paralicen por falta de provisión de fondos para periciales.

Mientras, desde la Conselleria puntualizaron ayer que el servicio es «voluntario» y que se ha implantado con éxito en diversos partidos judiciales tras ponerse en marcha en Cataluña y la Región de Murcia.

Los magistrados razonan que el servicio para la designación de peritos en el orden Civil y Social constituye una competencia propia de los Decanatos de los juzgados y de los TSJ. Estas funciones también están recogidas en el protocolo de actuación del servicio Común Procesal para la asignación de peritos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Al parecer, dicho servicio se ha venido gestionando regularmente por los Decanatos de los partidos judiciales y los TSJ de todo el Estado, sin excepción, desde la entrada en vigor de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Sin embargo, en la Ciudad de la Justicia, «por motivos desconocidos» afirman desde el Decanato, la Dirección General de la Conselleria ha asumido «de facto» dicha competencia gubernativa de «carácter estrictamente judicial». La medida se habría tomado sin previa consulta ni comunicación oficial bajo el pretexto de la instalación de la nueva aplicación informática.

De hecho, añaden estas fuentes, la Generalitat ha designado un funcionario que se encarga de la gestión del servicio de periciales en la propia sede de la Conselleria. La consecuencia es que dicha oficina ha salido del ámbito judicial, pues ya no se ubica en la Ciudad de la Justicia, donde sólo ha quedado un funcionario de enlace sin competencia alguna en el nombramiento de peritos.

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