La Guía de Buenas Prácticas de los peritos judiciales pretende regular el ejercicio de la profesión y dotar a sus miembros de las herramientas necesarias para armonizar prácticas muy distintas del desempeño de la pericia en los países comunitarios
La presidenta de la Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana, María Jesús Ferreiro, ha manifestado que el incremento de intercambios económicos y la mayor movilidad de las personas, bienes y servicios provoca «un aumento de controversias y asuntos judiciales con un componente transfronterizo evidente».
Según un comunicado de la asociación, esta guía, en la que los peritos españoles han tenido «un papel fundamental», «puede ser un elemento eficaz de ayuda para dirimir divergencias».
La guía forma parte del denominado proyecto EGLE (European Guide for Legal Expertise) y es fruto del trabajo de aunar los diferentes procedimientos de pericia, en especial los de la «common law» y el derecho civil, de los Estados de la Unión Europea.
Entre los objetivos de EGLE figura también compendiar los principios básicos para una futura regulación europea que armonice las legislaciones nacionales en el ámbito de la prueba pericial y del perito judicial en la jurisdicción civil.
Reforzar la confianza de los operadores jurídicos y de los ciudadanos de la UE en los dictámenes emitidos por los peritos judiciales europeos y asegurar el reconocimiento de las dictámenes realizados por peritos judiciales son otros objetivos.
De momento el acuerdo afecta solo a la jurisdicción civil y tanto a los peritos designados por jueces como por las partes y a expertos juristas.
Asimismo el proyecto EGLE establece las bases para la creación de una lista de peritos de la UE que podrán ser también usadas por los Tribunales de cada país; crea un estatuto del perito (Derechos y obligaciones) y un código deontológico basado en los principios de competencia, probidad, objetividad, lealtad, independencia e imparcialidad.
Paralelamente la comisión encargada de llevar adelante este proyecto esbozó las líneas principales del Código Deontológico anexo a la guía y que enumera las obligaciones del perito judicial frente al juez, las partes, los poderes públicos, así como frente a otros peritos.