La Ley de Mediación de la Comunitat Valenciana creará el marco jurídico necesario para desarrollar e impulsar los procedimientos de mediación que se desarrollen en el ámbito autonómico y fomentar, así, el acceso de la ciudadanía a este método extrajudicial de solución de conflictos
La ley diseña un procedimiento caracterizado por la intervención de un mediador profesional, neutral e imparcial, que facilita el acercamiento de posturas entre las personas en conflicto y propone posibles soluciones para alcanzar un acuerdo satisfactorio que evite la intervención judicial.
La mediación se convierte, así, en un impulso al diálogo, la participación, la convivencia y la regeneración de los lazos sociales de forma más rápida, eficaz y económica.
Modificaciones
El proyecto de ley incorpora las apreciaciones que los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consell Jurídic Consultiu y del Comité Ecònomic i Social formularon al anteproyecto aprobado por el Consell el pasado 28 de julio de 2017.
En este sentido, la exposición de motivos precisa que es la Ley estatal 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, la norma que permite a la Generalitat llevar a cabo esta regulación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49.1.36 del Estatut de Autonomia, que atribuye a la Comunitat Valenciana competencias en materia de medios materiales y personales al servicio de la administración de Justicia.
Otros cambios relevantes respecto del anteproyecto son la incorporación de la mediación a los procedimientos administrativos de la Generalitat y, en lo que respecta al Registro de Personas y Entidades Mediadoras de la Comunitat Valenciana, la inscripción en el mismo de personas o entidades mediadoras será siempre de carácter voluntario.
Principios esenciales de la mediación
El proyecto de ley que se va a remitir a Les Corts mantiene el carácter de regulación integral frente a la legislación estatal, que se circunscribe a los asuntos civiles y mercantiles, por lo que extiende su ámbito de aplicación sobre otras muchas materias en las que los conflictos generados pueden solucionarse mediante la mediación.
La norma garantiza la calidad y fiabilidad del sistema y propicia el aumento de la confianza, por parte de la ciudadanía y las instituciones, a través de la creación de un Centro de Mediación, que favorecerá e impulsará los procedimientos de mediación.
Además, el Registro de Personas y Entidades Mediadoras garantizará a la ciudadanía el acceso a profesionales y entidades de mediación de contrastada formación.
Por otra parte, la normativa mantiene la extensión del servicio de asitencia gratuita a quienes, siendo beneficiarios de este derecho, opten por acudir a la mediación para resolver sus controversias.