El Colegio de Abogados de Alicante pone en marcha un registro de mediadores para resolver enfrentamientos sin la intervención de un juez aunque el caso ya esté judicializado
El Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Alicante (Imicali) evitará a la Justicia la celebración de 35.000 juicios al año relativos a asuntos civiles, que han alcanzado los 80.000 a lo largo de 2013. Así, los juzgados podrán eludir vistas de divorcios, pensiones alimenticias, asuntos de tráfico, deudas o problemas con la comunidad de vecinos. Estos datos los aportó ayer el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, tras la inauguración del Imicali, que se llevó a cabo en la sede que el Colegio de Abogados de Alicante tiene en la calle Alberola y que contó con la presencia de la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana.
Aunque ya existen convenios de colaboración con instituciones judiciales o Ayuntamientos para implantar la mediación intrajudicial en el ámbito familiar, el instituto permite dar una oportunidad a la resolución de conflictos sin necesidad de acudir a juicio a todo el ámbito civil, mercantil o penal.
Separaciones, divorcios, herencias, conflictos entre padres o hermanos, problemas de gestión de empresas familiares, reclamaciones médicas, relaciones de vecindad o el resarcimiento a una víctima por un delito tienen ya cabida dentro de la mediación. El fin: evitar juicios, descargar a la jurisdicción, sobre todo la civil, de trabajo acumulado y fomentar el acuerdo entre las partes a través de «cultura de la paz», según indicó el decano del Colegio de Abogados, Fernado Candela, quien destacó «para aquellos que miran con recelo la mediación, tanto desde dentro como fuera de la Abogacía» que la mediación «no quita, sino que da más trabajo a los abogados». Recalcó que la figura del letrado «es la más preparada para ejercer la mediación» y explicó que el Imicali ha ultimado el registro de mediadores de Alicante –al que obliga precisamente desde ayer la Ley de mediación tras la publicación en el BOE del Real Decreto que regula la creación del registro de mediadores y su capacitación para el ejercicio de la mediación– que podrá ser consultado por las partes para elegir al profesional de entre los 120 mediadores que existen actualmente en Alicante. «Tendremos un registro de mediadores y las partes en conflicto decidirán a quien recurrir. Es un proceso en el que el Colegio recomienda unos precios a cobrar por cada mediador aunque se funcionará con libre mercado en función de la complejidad del proceso», añadió el decano, que insistió en que la figura del mediador, además de ser más económica, cuenta con otros beneficios como una resolución pactada, menos dolorosa y con un tiempo medio para la resolución mucho menor que con la judicialización del asunto.
Por su parte, Vicente Magro concretó que el tiempo medio para la resolución de conflictos podrá verse reducido de ocho a tres meses y recordó que Alicante ya es pionera en mediación penal. Además, explicó que un juez podrá instar a las partes en los casos ya judicializados a que sea un mediador el que resuelva el asunto entre ellas antes de llegar a juicio y aclaró que, en los casos en los que se recurra a la mediación intrajudicial –que se realiza en los conflictos ya judicializados– el demandante tiene derecho a más de la mitad de devolución de las tasas judiciales.
Alberto Díez, coordinador de mediación mercantil, explicó que además de reducir costes económicos para el usuario existen otros beneficios como el ahorro de costes emocionales o temporales, ya que los procedimientos judiciales se pueden llegar a prolongar durante años y la medición «alivia» esos tiempos.