La guía surge de las dificultades que supone la necesidad de unanimidad por parte de los propietarios para la reconstrucción de las viviendas demolidas, así como de las dificultades que suponen para los particulares la reconstrucción de su propia vivienda.
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De aceptarse esta solicitud, basada en el Decreto del Gobierno Central de 30 de marzo de 2012, se beneficiarían la práctica todas de las edificaciones del casco urbano y de aquellas pedanías más afectadas por los seísmos. El Gobierno de España ingresaría al Ayuntamiento los 12,4 millones de euros que dejaría de recaudarse.
