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Mayor control de los detectives

abril 15
09:44 2013

El Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada aumenta los controles sobre la actividad de los detectives y fija fuertes sanciones para acabar con el intrusismo

Mayor control de los detectives

greg via Compfight

El título segundo del texto normativo regula despachos de detectives

Los despachos de detectives que deberán inscribirse en un nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada. Se establece un sistema flexible que permitirá incrementar o reducir los requisitos de las empresas, en función de la actividad desempeñada.

La nueva Ley incrementa, además, el control sobre la actividad de los detectives privados, con nuevas obligaciones:

  1. Deberán documentar los encargos en un contrato escrito.
  2. Además del libro-registro que ya llevan, habrán de elaborar un informe permanentemente actualizado, en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos.
  3. El informe estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Autoridad Judicial.
  4. Presentarán una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior.

Además, se regula más estrictamente el acceso a la investigación privada y su ejercicio, que afecta a ámbitos de la vida privada protegidos por derechos fundamentales y libertades públicas.

Control, inspección y sanciones

Las actuaciones de control e inspección sobre las entidades, el personal y las medidas de seguridad se recogen también, por primera vez, con rango de ley, así como la obligación de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de ese personal. Además, se regulan las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales antes de la incoación de un expediente sancionador, cuando sea necesario para evitar la producción de daños.

El Anteproyecto pone punto y final a las carencias de la anterior legislación, con un régimen sancionador que tipifica por separado las infracciones de las empresas, del personal y de los usuarios de seguridad privada, incluyendo, por primera vez, los centros de formación de personal. Con el fin de acabar con el intrusismo, se aplicarán graves sanciones, que pueden llegar hasta el cierre de las empresas que infrinjan esta normativa.

Por último, el texto se adapta a la actual distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas e introduce también instrumentos para evitar la actuación de empresas que incumplan sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, comprometiendo gravemente la seguridad

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