El 8 de junio el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria se reunió para tratar entre otros asuntos el nuevo ámbito de trabajo de los APIs: la mediación civil

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) quiere constituirse como institución de mediación en asuntos civiles y mercantiles; una función que complementaría las que ya realizan en cuanto a mediación en operaciones de compraventa o arrendamiento, tasación de bienes inmuebles y peritaje judicial.

La mediación civil, meta de los agentes de la propiedadAsí lo debatieron el pasado sábado los miembros del consejo durante su reunión en Córdoba, en la que también abordaron otras cuestiones de actualidad como la calificación energética de edificios, “un tema en el que los API estamos muy involucrados, publicitando inmuebles que cuentan con etiqueta energética”, subraya el presidente del Consejo Andaluz, Diego Galiano.

La Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, que el jueves entró en vigor, fue otra de las cuestiones abordadas en la sesión. Una ley que desde el colectivo valoran “positivamente, ya que supone la salida al mercado de más viviendas vacías en alquiler, y acaba con algunos de los miedos de los propietarios con la prórroga forzosa de 5 años, que pasa a 3, el aliciente de la recuperación del inmueble para uso propio o de familiares directos, la libertad de pactos que introduce la ley, así como la agilización en procesos judiciales”, explica Galiano. Una flexibilización “beneficiosa para ambas partes, porque permite a los inquilinos, una vez cumplidos 6 meses, desistir del contrato preavisando”, matiza. En este sentido, explica que el alquiler es la “fórmula por la que más apuestan las políticas actuales, ya que es la que más ha crecido desde el comienzo de la crisis”. No obstante, ve con buenos ojos las iniciativas públicas de fomento a la construcción para la compraventa como el plan Córdoba Vivienda . “Una buena iniciativa, pues con las viviendas protegidas se cubre la gran demanda de personas que se están viendo sin techo, y las de renta libre supondrán la dinamización del mercado inmobiliario, inversión, financiación bancaria, bajada de precios y empleo; un arranque para que empiece a fluir el crédito.

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