Según el auto emitido en el caso del accidente del Alvia el perito judicial puede trabajar para la administración autonómica gallega
La Audiencia Provincial de A Coruña ha avalado el nombramiento de dos de los tres peritos judiciales, pertenecientes a la plantilla de funcionarios de la Xunta y que distintos abogados de las víctimas recurrieron por considerar que su pertenencia a la Administración autonómica ponía en cuestión su imparcialidad
Los magistrados de la Audiencia ven «racionalmente adecuado y dotado de base normativa» el criterio de confiar a técnicos de dicha Administración la elaboración del informe pericial, «ante el factor sobrevenido de la magnitud de los honorarios previstos para la elaboración de los informes por profesionales privados». Los dos técnicos designados inicialmente habían presentado un presupuesto de 1,3 millones de euros. Recordemos que uno de ellos estimaba en cerca mil horas su trabajo. Finalmente, fueron sustituidos por el ingeniero de Caminos Juan Carlos Carballeira, funcionario de la Sociedade Pública de Investimentos, y el ingeniero industrial José Manuel Lamela, jefe de servicio de Enerxías Renovables.
La Audiencia coruñesa recuerda a las partes que si aprecian riesgo de parcialidad o falta de objetividad «cuentan con el instrumento de la recusación para hacerlo valer» y que además pueden nombrar peritos de parte para aportar los datos que vean necesarios. Concluyen los magistrados que el riesgo de parcialidad no puede vislumbrarse, al no tener la Xunta una implicación directa penal o civil en la causa.