Un falso perito ha estado trabajando durante más de dos años en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Jaén, donde expidió multitud de certificados que ahora podrían ser motivo de nulidad de numerosas sentencias judiciales.
La Junta de Andalucía ha apartado de sus funciones como perito a esa persona que, desde hace más de dos años, ha estado tramitando informes, principalmente relativos a malos tratos y menores, que él firmaba pese a que, según se ha conocido ahora, carecía de la preceptiva titulación para ejercer su labor profesional.
Aunque el falso perito tenía su relación contractual con una empresa externa contratada por la Junta, la Administración andaluza ha destacado la celeridad con la que ha actuado tras tener conocimiento de los hechos. Además de apartarlo de sus funciones como perito del Instituto de Medicina Legal, ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Provincial para que estudie si puede haber un delito de intrusismo profesional. Y ello porque, según han indicado desde la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén, “la Junta no es responsable de las contrataciones de dicha empresa”, a la que se había adjudicado el servicio de apoyo al Instituto de Medicina Legal.
De igual modo, la Junta ha ordenado “no admitir ningún informe” elaborado por dicho perito, que se acreditó con un título de licenciado y doctor en Psicopedagogía, que no le habilita para ejercer como perito judicial. En esta línea, la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén ha indicado que se han iniciado los trámites para cancelar el contrato de servicio que se mantenía con la empresa adjudicataria de estos peritajes, al tiempo que van a estudiar las posibles acciones legales que pueda emprender contra esa firma teniendo en cuenta las condiciones técnicas en las que se formalizó el contrato.
Hay que tener en cuenta que muchos de los informes emitidos por el falso perito han podido constituir una prueba de cargo en multitud de sentencias judiciales dictadas en la provincia de Jaén desde 2011. De este modo, los afectados podrían exigir ahora la revisión de esos fallos en el caso de que esa peritación fuera determinante en el fallo y se sientan perjudicados.
No obstante, desde la Fiscalía se reduce el valor de estos informes y su fundamento, aunque se van a investigar los hechos tras la denuncia de la Junta, según informó a Europa Press el fiscal jefe, Carlos Rueda. También el Colegio Oficial de Psicólogos ha exigido a la Administración un mayor celo en el control del intrusismo profesional.