Además de la irregularidad contractual, desde el año 2008 las condiciones económicas de los tasadores hipotecarios han empeorado gravemente

  • El tasador autónomo apenas percibe el 22% de lo que paga el cliente final por la tasación
  •  UPTA denuncia las condiciones abusivas que sufren los tasadores hipotecarios

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España, UPTA, denuncia la precariedad laboral en la que se encuentran más de 4.000 profesionales tasadores hipotecarios. Miles de hipotecas en España se formalizan de la mano de profesionales tasadores que trabajan en la práctica en exclusividad y que no gozan de garantías ni derechos laborales y, que a juicio de UPTA, constituyen un claro caso de falsos autónomos.

Los honorarios que reciben los tasadores hipotecarios no han hecho más que disminuir, mientras que el precio final de las tasaciones para el cliente final ha aumentado. En la última década, el precio medio de la vivienda ha crecido entre un 25% y un 30%, y las cuentas de resultados de las sociedades de tasación no han dejado de aumentar desde 2013. Sin embargo, los tasadores hipotecarios han visto reducidos sus ingresos y siendo los que realizan la mayor parte del trabajo, ahora mismo apenas perciben un 22% del importe que abona el cliente final por cada tasación.

UPTA lleva tratando de negociar con las sociedades de tasación desde hace más de un año, sin ningún avance en relación con el cambio en el modelo contractual que tienen suscrito con los profesionales tasadores.  De esta situación también se desprende cierta responsabilidad de las entidades de crédito que, estando en conocimiento de la legislación en materia laboral en nuestro país, no han ejercitado su responsabilidad para con los profesionales que firman las tasaciones hipotecarias requeridas por éstas.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, “no fomentaremos en ningún caso la normalización del fenómeno de los falsos autónomos. Allá donde consideremos oportuno, denunciaremos esta práctica con determinación. Esta situación no solo vulnera los derechos laborales de miles de profesionales, sino que además supone una clara competencia desleal y una grave situación precaria para los autónomos que sí trabajan conforme a la legalidad”.

 

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